Fuente: lun.com
Hay comunidades que establecen reglamentos y procedimientos especiales para que dueños y arrendatarios abandonen la propiedad, como el tener los gastos comunes pagados, no tener morosidad de ningún tipo, contar con la autorización del dueño en caso de que sea arrendatario, sacar el salvoconducto de la mudanza, entre otros puntos, los cuales, si no se cumplen, facultad a los conserjes o mayordomo a impedir su salida.
Sin embargo, varias de esas medidas se pasan de la raya. “En ocasiones, en sus reglamentos internos se ponen parámetros que van un poco más allá de la ley”, explica María José Arancibia, abogada y socia del estudio Obrador Digital.
Pablo Cifuentes, abogado de litigios y socio de CBC Abogados, comenta que ninguna persona puede impedir a otra desplazarse sin tener la autoridad para ello, como Carabineros o la PDI: “Incluso ellos deben tener una orden judicial o estar ante un delito flagrante”.
“Los gastos comunes son un asunto que sucede entre privados donde Carabineros no tiene las atribuciones. No es delito”, añade Johnny Soto, abogado de Misproblemasjuridicos.cl. Lo único que puede hacer en este caso, explica Arancibia, es chequear si la persona que quiere salir de la vivienda cuenta con el salvoconducto notarial de mudanza respectivo para mover las pertenencias. Si no lo tiene, puede frenar el traslado, pero sólo de las pertenencias y pasar una infracción. “La persona será multada con una a cuatro Unidades Tributarias Mensuales por el respectivo Juzgado de Policía Local”, precisa. Los administradores de edificios y condominios añaden presión al pago del gasto común para poder pagar a tiempo todas las obligaciones, con medidas como cortar la luz o el agua, o dar flexibilidades de pago.
“Los gastos comunes son una cuenta súper importante porque incluye las mantenciones, todos los gastos asociados a las comunidades y las remuneraciones del personal, que es un ítem que representa casi el 70% del gasto total. Si no se paga regularmente, se descuadra toda la organización que tiene el administrador”, comenta la gerenta de Asuntos Corporativos de la plataforma de administración Comunidad Feliz, Trinidad Arcos. Esta empresa administra 2.500 comunidades y entre sus clientes, a julio de este año, Estación Central, Independencia y Peñaflor registran el más alto porcentaje de morosidad en la Región Metropolitana, con 39,7%, 32,9% 30,5%, respectivament.
El gasto común, además, tiene la particularidad que es una deuda que no se asocia a quien habita un lugar, sino que afecta a la propiedad en sí. Por tanto, si la deuda se generó por un arrendatario, quien debe asumir la mora es el dueño de la vivienda, mientras que si una persona compra una propiedad con esta situación encima, también deberá hacerse cargo.
“Por eso los arrendadores deben estar encima y saber siempre si los arrendatarios están al día en su pago, estar en constante comunicación con el administrador. O si no, establecer en el contrato de arriendo cláusulas, que, si se adeudan tres meses de gastos comunes, se rescinde el contrato y sin derecho a devolver el mes de garantía. Pero si no se va, hay que entrar a un juicio, que es un problema también”, indica Soto
